El viernes 8 de junio entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, norma que rebaja la responsabilidad penal de 16 a 14 años. Esta legislación, promulgada por el presidente Ricardo Lagos en noviembre de 2005, plantea dos tipos de sanciones: privativas y no privativas de libertad. Entre sus temas polémicos, establece duras penas de cárcel en casos de delitos graves, de hasta cinco años para menores entre 14 y 15 años y de hasta diez años para los de 16 y 17.
El sentido del texto legal es reinsertar socialmente a los jóvenes a través de programas especiales, para lo cual cada región debe disponer de al menos un Centro de Reclusión Juvenil para las sanciones privativas de libertad. Estos recintos serán administrados por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y custodiados por Gendarmería de Chile. Ahí los jóvenes tendrán acceso a programas de educación, deporte y talleres, entre otros.
Sin embargo, la nueva normativa no está desprovista de críticas y cuestionamientos. El académico de la Universidad de Chile, Claudio Duarte, especialista en sociología de lo juvenil, propone realizar un análisis más detallado desde una mirada sociológica.
"La pregunta que hay que hacerse es ¿Por qué en 1992 se bajó a 16 años de edad y no a 14, directamente?. ¿Por qué la medida que tomó la clase política ese año, que no ha dado ningún resultado positivo, se volverá a tomar esta vez, pero ahora bajándola a 14? Podemos suponer que en diez años más se va a bajar a 12, y así sucesivamente", nos dice.
Para el profesional es necesario considerar que "la edad no tiene implicancias en la conducta de alguien, en su carácter, su personalidad, sus emociones. Lo que sí hay es una matriz de pensamiento occidental que considera a la edad como un dato que permite explicar la madurez o inmadurez. Bajo esa lógica se espera que una persona tenga a tal edad una capacidad de discernimiento, que en el caso de esta ley sería a los 14 años".
-Entonces, ¿Cómo se legisla u ordenan las normas de un país sin considerar datos duros como la edad para distinguir entre una sanción y otra, o la responsabilidad que se tiene ante la ley?
No hay que confundirse. Una cosa es que debe operar una ley con penas diversificadas según el tipo de sujeto. Aquí el dato de la edad puede ser un dato de referencia, pero no implica que exista una edad estándar de discernimiento. No pretendamos explicar que hay más o menos delincuencia según la edad de los muchachos, porque eso no es un dato. No es bajando la edad que va a reducirse la delincuencia.
Los medios de comunicación muestran que cada día hay más delincuencia, además de actitudes muy violentas por parte de los jóvenes. ¿A qué se debe esto?
Es necesario aclarar que la delincuencia en Chile no ha aumentado, se ha mantenido en el tiempo. Lo que ha aumentado es la sensación de temor de la población y esa sensación de temor tiene que ver con que vivimos en una lógica que no privilegia las propuestas de convivencia ciudadana, sino más bien la idea de seguridad ciudadana. Así, también, hay una influencia de los medios de comunicación en torno a esta percepción ciudadana y en torno a la violencia. El ejemplo que tenemos de violencia extrema es la de unos muchachos que amenazan con un cuchillo al micrero para robarle las monedas. La cámara de la micro graba todo y los canales de televisión lo muestran una, dos, tres y hasta 10 veces. Y, ¿es eso necesario?
-¿Cómo es, a su juicio, la política de juventud en Chile?
Si es que existe, es absolutamente autoritaria y unilateral, por tanto se transforma -a mi juicio- en una política agresiva, que no les pregunta a los jóvenes y que no tiene ni un rasgo de participación. En el caso de esta legislación, posiblemente se hicieron algunas consultas a personas que trabajan en centro orientados a los jóvenes que infringen la ley. Pero ellos no son jóvenes. Para mí esto es la muestra clara de un mundo adulto que se arroga el rol de decidir qué hacer y qué no hacer con las generaciones más jóvenes y, al arrogarse ese rol, comete actos autoritarios.