La apuesta a la inocencia de los mapuches de Angol…

Domingo, octubre 10th, 2010

CHILE

Por Pamela Gutiérrez

Los comuneros de Angol estuvieron dispuestos a bajarse de la prolongada protesta una vez que se convencieron de que efectivamente la recalificación de las querellas por delito terrorista a delito común tendría un impacto en las investigación que sigue el Ministerio Público en su contra.
“No hemos cambiado ni un sólo punto”, aseguró a LND el subsecretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, respecto de las razones que llevaron a los 10 comuneros de Angol a deponer la huelga de hambre.

El funcionario explicó que el Gobierno les aseguró a los afectados que en la reformulación de las querellas de delito terrorista a hecho común implicaba, entre otras cosas, el fin de la presunción de este delito y que también influyó que a Huaquilaf Cadín, uno de los huelguistas, el tribunal de garantía cambiara su medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario.

Pero no bastaban esos gestos. Los comuneros de Angol provienen fundamentalmente de la comunidad de Temucuicui, y de hecho, los Huenchullán, los Queipul y los Millacheo son las familias fundadoras ese lugar y eran quienes tenían a siete de los 10 comuneros que continuaban en la huelga de hambre en Angol.

El líder del Consejo de Todas las Tierra, Aucán Huilcamán entrega una versión que coincide con la de Alvarado. La comunidad de Temucuicui, a diferencia de los comuneros de Temuco, Concepción y Lebu, que depusieron la huelga la semana pasada, responde a una estructura comunitaria, que exige a los werkenes comunicar las decisiones a cada miembro de la comunidad. Y eso fue lo que hicieron durante esta semana y lo que llevó al fin de la movilización.

La comunidad de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, nació formalmente para el Estado chileno en 1884 con el título de Merced 3B Ignacio Queipul y Millanao, según documenta el paper “Paradigma de la vulneración de los derechos fundamentales de pueblos indígenas en Chile”, de Eduardo Mella y Matías Meza-Lopehandía.

Según el estudio, a partir de 1919, a través de remates fiscales las tierras pasaron a ser de Juan Patterson, quien formó los fundos Alaska y Temucuicui. A través de los años, los mapuches de la zona trataron de recuperar esos terrenos por la vía judicial, pero al ver fracasados sus intentos, comenzaron con la toma del fundo Alaska en 1970.

Las tomas de predios han sido cosa histórica, incluso durante el gobierno militar, según expone a LND Eduardo Mella: “Durante la dictadura, en las comunidades mapuches de Malleco se registraron 248 movilizaciones y gran parte de ellas fueron ocupaciones de tierras. De hecho, las comunidades de Temucuicui, Chequenco, Rankilco, en 1979, 1981 y 1987 fueron allanadas por militares, en una operación rastrillo. No murió nadie, pero hubo varios torturados, lo que está consignado en los informes de Verdad Histórica y Reconciliación”.

En democracia, con la promulgación de la Ley Indígena y la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) tampoco hubo comprensión de estas demandas consideradas históricas por parte de los mapuches. Según explica el líder del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, “cuando se discutió la Ley Indígena en 1993, yo me opuse porque era de tipo colonialista, ya que anulaba el concepto de comunidad de la cultura mapuche, liderada por un lonko, y establecía la figura de la asociación de comunidades mapuches según el Estado chileno”.

Huilcamán explica que bajo la Ley Indígena, doce individuos pueden pedir personalidad jurídica para acceder a tierras por parte de la Conadi, “pero en una comunidad tradicional, desde el punto de vista mapuche, a veces pueden haber 100 a 500 personas, y con la actual legislación, pueden haber cinco o seis personalidades jurídicas en una comunidad y eso significa un quiebre comunitario, promovido por la Ley Indígena”.

El líder del Consejo de Todas las Tierras recuerda que criticó la ley cuando se gestó a mediados de los ’90 “y advertí que esa legislación, más que ayudar, en un tiempo iba a crear más confrontación con el Estado. Por eso hay un clamor generalizado para modificar la ley y su institucionalidad que es Conadi”.

La Conadi también es criticada por uno de los voceros de los comuneros de Angol, Jorge Huenchullán: “No tiene legitimidad. Es una copia de lo que en algún momento se hizo en México, con el Estado de Chiapas, para atender el asunto indígena. No tiene poder, no tiene autoridad para resolver un problema de una comunidad. No hay una política clara de desarrollo del pueblo mapuche”.

Otro elemento que explica la resistencia de los comuneros está relacionado con que los mapuches muertos en movilizaciones, es decir, Alex Lemún, Juan Collío, Zenon Díaz y Jaime Méndez eran originarios de este sector.

LOS OBSTÁCULOS

El pasado viernes, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, reiteró la promesa del gobierno de introducir la recalificación de las causas que involucran a los comuneros acusados por Ley Antiterrorista a delito común. Pese a que ése fue uno de los puntos que permitieron el fin de la huelga por parte de los comuneros de Temuco, Lebu y Concepción, ello no fue aceptado por los comuneros que están en la Cárcel de Angol: “El Estado dice que va a retirar las querellas, ¿pero qué significa eso? ¿Es un acto de fe? ¿De palabra? El Ministerio Público está procesando a los hermanos por Ley Antiterrorista, ¿quién garantiza que el Ministerio Público va a bajar esa figura? ¡Los van condenar por Ley Antiterrorista!”, dice a LND el vocero Jorge Huenchullán.

Según explica el abogado defensor de José Queipul, Sebastián Saavedra, la recalificación de las querellas de delito terrorista a delito común, “no tiene ningún valor desde el punto de vista procesal, porque las investigaciones ya están cerradas”.

Agrega que sólo en la etapa de juicio oral, los representantes del gobierno pueden argumentar que las causas por las cuales están siendo investigados los mapuches corresponden a un delito común.

La principal piedra de tope en el caso de los huelguistas de la cárcel de Angol fue la presencia de un testigo protegido, cuya identidad recientemente fue revelada a la defensa de los huelguistas, pero no han querido hacerlo público.

“Este testigo está siendo acusado por otra causa terrorista y es él quien tiene a 10 personas en prisión”, explica el abogado Saavedra.

En el

La figura del testigo protegido ha sido polémica para los ex huelguistas, ya que aseguran que la fiscalía no tiene otras pruebas para acusarlos.

En el acuerdo alcanzado por los ex huelguistas de Concepción, Lebu y Temuco, ahora es posible que la defensa de los acusados pueda interrogar a estos “testigos sin rostro”.

El próximo juicio oral que afecta a los comuneros se efectuará el próximo ocho de noviembre y pese a que la defensa de los comuneros había solicitado eliminar como prueba a estos testigos, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó su reincorporación a la causa.

¿POR QUÉ SE BAJARON?

Si esas son las condiciones por las cuales los de Angol persistieron en la huelga de hambre, ¿por qué los comuneros de Concepción, Lebu y Temuco optaron por desistirse antes? La vocera de los ex huelguistas de Lebu, Glady Huenuman, dice: “Yo concuerdo con los peñis de Angol y si se moría un mapuche allá, creo que el gobierno sería castigado por el mundo entero. Los comuneros de Lebu dijeron que la lucha no llegaba hasta aquí, sino que la lucha sigue, pero muertos no vamos a hablar”.

Una explicación similar dio Natividad Llanquileo, la vocera de los presos de Concepción, en entrevista a revista Qué Pasa: “Una muerte no ayudaría en nada. Sería una pérdida muy importante, porque la gente sirve más viva que muerta”.

Además, hay otro punto no menor: los comuneros de Angol se sumaron a la huelga 10 días después que los de Concepción, Lebu y Temuco.

Por otra parte, Aucán Huilcamán explica que la diferencia fundamental entre los que aceptaron la propuesta del gobierno con los Angol tiene que ver con su organización: “Me explicaron que los que se desistieron de la huelga primero pertenecen a la Coordinadora Arauco Malleco. Ellos tienen una estructura militar, mientras que los de Temucuicui pertenecen a una comunidad. Eso significa que responden a una cultura más propiamente mapuche, en que los líderes hacen las consultas y se toman su tiempo. Hay que recordar que el acuerdo se fraguó en Concepción y que los de Angol nunca participaron”.

Agrega: “En definitiva, la Coordinadora Arauco Malleco negoció rebaja de penas, mientras que los otros, apuntan los de la comunidad de Temucuicui, están apostando a la inocencia. La fiscalía tiene como prueba estos testigos sin rostro y no tiene otros elementos de juicio, por lo tanto muchos miembros de esa comunidad han sostenido que ellos son completamente inocentes y no están dispuestos a rebajar penas. Eso los ha llevado a tener una posición radical.

Esa posición está respaldada por el vocero Huenchullán, perteneciente a una de las familias fundadoras de Temucucui: “La familia Huenchullán hemos sido acusados de ataques terroristas, de ataques incendiarios, claramente hay un historial de represión en nuestra contra… Yo personalmente tengo 15 procesos, tres de ellos en fiscalía militar. En todos he sido absuelto, salvo los que están en la justicia militar. La mayoría de los hermanos ha pasado por los mismos procesos”.

COMITÉ DE EXPERTOS EXAMINARÁ CONVENIO INDÍGENA DE LA OIT

Chile forma parte desde el 2006 del Convenio 69 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, acuerdo que depende de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ello, en noviembre próximo la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones examinará la aplicación de este acuerdo en nuestro país.

Aunque esta comisión puede hacer comentarios sobre “eventuales vacíos legislativos o deficiencias” que existan sobre esta materia, en ningún se puede referir al conflicto que tiene a un grupo de comuneros en huelga de hambre, dado que está fuera de su jurisdicción.

Según la respuesta que entregó este organismo por escrito a LND, aunque el convenio no se refiera a este tema puntual, “las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones legales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos. En Chile, los casos están en los tribunales de justicia y confiamos en que ellos se pronunciarán conforme a la legislación vigente”.

Respecto del comité de expertos que examinará el tema en Chile, la institución no se pronunció sobre quiénes compondrán dicho grupo, pero indicó que son juristas de alto nivel nombrados por el consejo de administración de este convenio.

“Proceden de todas partes del mundo, lo que permite aportar a la comisión con una experiencia directa de los diferentes sistemas jurídicos, económicos y sociales”, dice el comunicado enviado por la OIT a LND.

Las recomendaciones que emanen de esta comisión no tienen efecto jurídico, pero buscan “orientar y asesorar al gobierno sobre las medidas adecuadas que garanticen la aplicación efectiva de un convenio ratificado, tanto en la legislación como en la práctica”.

Por el momento, no está clara la fecha exacta en que este comité entrará a trabajar sobre lo que está ocurriendo en Chile respecto a la legislación que protege a la población indígena.

(Fuente: lanacion.cl en Google noticias y selección de Yugurta Domingo)



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